Cuando los Técnicos son desautorizados por los Políticos.

Es norma común en las administraciones públicas dotarse de un cuerpo de expertos para asegurar un docto asesoramiento en los temas que les conciernen. Esto parece lógico y propio de mentes lúcidas, mucho más en el caso de quien no puede, por su bastedad, abarcar el conocimiento completo de la parcela de su competencia.
Así, el funcionamiento de estas instituciones suele venir marcado por un protocolo sencillo: se presenta un informe del caso a tratar; se analiza dicho informe por una comisión en la que están representados los expertos y los agentes sociales implicados (no todos); y, por último se eleva una propuesta de actuación para que sea refrendada y firmada en última instancia por el/la responsable de la institución-administración.
No obstante, el sistema que utilizamos los ciudadanos para “contratar” a los empleados que dirigen nuestras administraciones es claramente deficiente por cuanto “franquiciamos” su control, delegando la designación de dichos gestores a asociaciones políticas que, en su mayoría, adolecen de la preparación necesaria y/o están sujetos a los vaivenes impelidos por los distintos lobbys que se mueven en su ámbito de acción. De esta manera, observamos como las propuestas de actuación de las comisiones asesoras son enmendadas, cuando no anuladas, por estos nuestros empleados gestores, desoyendo y ninguneando a sus expertos.
Hace relativamente poco tiempo llegó a mi conocimiento una resolución de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, dependiente de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, en la que, visto el informe del Director de una actividad arqueológica preventiva, y tras dar múltiples y fundadas razones, se acuerda “por unanimidad” de los integrantes de la comisión, en la que están representados los constructores pero no el colectivo de arqueólogos, la conservación íntegra de los restos exhumados en dicha actividad.
Tres semanas después veo en el diario Córdoba la siguiente noticia que atañe directamente al anterior acuerdo de la comisión:
“Las grandes constructoras tienen el camino libre para edificar en Poniente” 13/12/2007
En la que se cita textualmente a la Delegada de Cultura con las siguientes afirmaciones:
"no hay ningún elemento que se oponga a la ocupación del subsuelo", por lo que "estamos autorizando el desmonte de los restos excavados hasta ahora".
He de decir que no conozco aún la formulación explícita ni las posibles cautelas a que esté condicionada la autorización relativa al caso expuesto. Sin embargo, resulta evidentemente que este es un caso de desautorización flagrante del acuerdo de una comisión colegiada bajo ¿qué justificación? ¿Quizá, por el interés en construir unas viviendas que la ciudad de Córdoba, por su ritmo demográfico, no está en condiciones de ocupar? ¿Quizá, porque se acercan las elecciones y no convienen las polémicas?
El yacimiento arqueológico que parece ser que va a ser expoliado es uno de los más importantes de época califal ya que articula la transición de la medina de Qurtuba con la palaciega Al-zahra, mostrando un entramado urbanístico bien planificado y dotado de todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la cotidianeidad de la población islámica.
Ya dijo Carlos I, cuando vino a visitar la Catedral que se erigía en medio de la Mezquita Aljama, que se había destruido algo único para construir algo que hay en todas las ciudades.
Una ciudad que quiere aspirar a ser Capital Cultural en el año 2016 no puede permitir que se pierdan los valores patrimoniales que generan su identidad y particularizan su oferta cultural, además de desperdiciar el añadido económico que conllevaría la puesta en valor de dicho yacimiento para una ciudad que tiene por uno de sus principales ingresos al turismo.
P.D. Como decía la Sra. Delegada de Cultura, se autoriza el levantamiento íntegro de los restos a los que alude este texto. El velar por el bien común y por nuestro patrimonio, que debiera ser la función del cargo que ostenta, se la trae al pairo ya que al único que beneficia esta decisión es al constructor que hará un magnífico negocio, esa es su labor, sacrificando el patrimonio común de los andaluces.