La ética política en el Estado Español.

Permitanme una reflexión que me parece básica para comenzar a entender la realidad en que vivimos los ciudadanos de este trozo de la península ibérica.
Todos queremos, y debemos, lograr un espacio de convivencia pacífica, solidaria, justa y feliz. Para conseguir esto hemos contratado y pagado, vía elecciones, a gestores, que deben dirigir las instituciones que regulan dicha convivencia, y a otros (a estos también les pagamos nosotros, todos) que, representando a los distintos sectores "ideológicos" del territorio, actuen como elementos de control de los primeros. Estos contratados, empleados nuestros, deben regirse en el desempeño de la labor para la que les hemos contratado bajo ciertas premisas: La legalidad y la verdad, fundamentalmente.
Pues bién, la ciudadanía, los jefes de aquellos, parece haberse desentendido de sus empleados cuando permitimos que nos falten al respeto mintiéndonos en el desempeño de su trabajo con artimañas para escaquearse de su labor y/o enriquecerse perpetuándose en el cargo.
No voy a entrar (por el momento) en las mentiras que justificaron en el pasado acciones que se apartaban del clamor popular, de las decisiones mayoritarias de los ciudadanos. Si, en cambio, en las recientes noticias que ponen en evidencia lo que desde aquí denuncio.
Me ha sorprendido ver que el gran problema que últimamente ha aquejado al Tribunal Constitucional, recusaciones a los magistrados que lo ocupan, se basa en informaciones falsas lanzadas desde un periódico de tirada nacional como es "El Mundo" (ya nos ocuparemos de la ética periodística en otro momento). lo que más sorprende es que algunos de nuestros empleados, concretamente el PP, hallan dado crédito a estas informaciones sin ser contrastadas y, consecuentemente, hallan denunciado a los magistrados que se veían emvueltos en tales patrañas sin pruebas sólidas. Señores, esto lo hace un trabajador en una empresa cualquiera y al día siguiente está de patitas en la calle.
Por otro lado, he visto con bastante estupor como la Comunidad de Madrid adjudicaba, sin convocatoria pública, a dedo, subbenciones a las asociaciones de víctimas del terrorismo de una forma, cuando menos, algo "peculiar". Se olvida de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo (dirigida por Pilar Manjón y que representa a la mayoría de los afectados por el atentado islamista), mientras reparte medio millón de euros entre otras cuatro asociaciones, correspondiendo cien mil euros a "Defensa de la Nación Española", cuyos fines no son la ayuda a las víctimas del terrorismo pero si el apoyar al Partido Popular dentro de su entramado de fundaciones "financieras". ¿Es o no es intolerable este tipo de comportamientos entre nuestros gestores-empleados?, ¿Debemos pedir explicaciones a los responsables o despedirles directamente?....Los que necesiten más tiempo para responder, ya lo han hecho. Este blog es para todos los demás.